Muy afectadas las transportadoras turísticas: presidente de la ANTT Miguel Ángel Silva Mendez
Con 75 empresas afiliadas que en conjunto representan empleo directo para 1,600 personas, la Alianza Nacional de Transportadoras Turísticas, ANTT, busca alternativas para que esas compañías no sigan viéndose afectadas, luego de que sus operaciones se detuvieron al 100% desde la última semana de marzo de 2020 y se han mantenido así durante los últimos cuatro meses.
“No obstante que los empresarios del sector queremos contribuir a que todas las plataformas turísticas que se han desarrollado en el país se reactiven, para lo cual, pese a la situación, buscamos instrumentar propuestas para promoverlas, junto con los dirigentes de otras 16 organizaciones homólogas; sin embargo nos sentimos solos en las iniciativas que planteamos; no hay reacción de los gobiernos estatales y federal para implementar acciones que contribuyan a lograr tal objetivo”.
Así define Rubén Domínguez Velázquez, presidente de la ANTT, la situación que enfrentan las empresas del sector.
“Estamos haciendo todo lo que podemos para lograr que se reactive el turismo nacional e internacional y ello permita que nuestras empresas también retomen paulatinamente sus labores, las cuales se contrajeron prácticamente 80% a finales de marzo y en 100% la última semana de ese mes y los subsecuentes”.
De entonces a la fecha, las empresas han mantenido el mayor tiempo posible su plantilla laboral, aunque no en todos los casos se ha podido pagar la nómina de algunas de ellas al 100%.
“Las empresas enfrentan complicada situación; sin embargo sus titulares se encuentran a la expectativa que se reactiven más sectores de la economía para que esta reactive y los vehículos con que cuentan vuelvan a transitar”, señala.
La dimensión del problema se entiende, al considerar que anualmente las empresas afiliadas a la agrupación sectorial, movilizaban al año dos millones de personas aproximadamente.
Lo anterior representa el traslado de cerca de 170 mil personas al mes (por autobuses, camionetas, vanes, minibuses, así como automóviles y otros de configuración especializada), tanto del turismo nacional y proveniente de diferentes naciones, con la derrama económica que ello representa. Obviamente considerando que hay periodos de mayor actividad, sobre todo en fechas especiales “puentes” y periodos vacacionales.
El haber dejado de trasladar cerca de 700 mil pasajeros durante el cuatrimestre en las diferentes modalidades que requieren, significa severa afectación para esos prestadores de servicios, sobre todo al tomar en cuenta que la problemática se agudizó y es considerablemente dañina al cumplirse 120 días de inactividad, cuando no hay turismo local, ni de estudiantes, participantes en excursiones y menos viajeros internacionales.
Obviamente el contraste es notorio, ya que en diciembre los socios de la ANTT reportaban que su actividad estaba al 100% de su capacidad y con positiva inercia para los siguientes meses; no obstante llegó el SARS Covid–19 y el escenario cambió radicalmente, dejando inactivas a todas las compañías, a su personal y, por ende a la flota vehicular.
La condición se agrava, cuando el gobierno se ha mostrado insensible y no ha querido contribuir a mitigar, por ejemplo, la carga impositiva que enfrentan las empresas, como lo ha hecho la mayoría de los países severamente afectados por la pandemia.
Domínguez Velázquez está consciente que si bien la mayoría de las empresas va a salir delante de la situación que enfrentan, es indudable que su condición operativa está resultando severamente mermada, incluso por lo errático del sistema de “semáforos” que se ha establecido a nivel estatal, para permitir o no la labor de las entidades económicas del país.
“No hay evidencia que alguien quiera cerrar; pero es un hecho de que algunas compañías se achicarán en rangos que van del 10 al 50%, ante el hecho de que sus accionistas están conscientes que la recuperación de la economía del país va a ser paulatina y quizá demore hasta dos años, lo que hará que algunas organizaciones estén obligadas a deshacerse de activos”, argumenta.
De la relación de negocios que tienen los socios de la ANTT con las plantas de la industria terminal, las distribuidoras o las financieras de estas, el directivo asegura que se mantiene positiva con todos, aunque se sabe que “todos enfrentamos severa crisis”.
Dentro de ese contexto ha solicitado a esas compañías sean solidarias con el sector, mismo que se evidencia ampliamente afectado por las circunstancias, ante lo cual se deben reestructurar condiciones y escenarios que contribuyan a resolver el problema, en la inteligencia de que “sabemos que debemos cumplir al 100% con las obligaciones contraídas” señala, precisando que aunque algunas empresas ofrecieron hasta tres meses de aplazamiento del compromiso de pago, el periodo no ha sido suficiente dada la postergación de las limitantes derivadas del descontrol para contener el COVID–19.
Argumenta que es necesario que las empresas desarrollen esquemas que faciliten y hagan viable el cumplimiento de los compromisos pactados.
“Piden que después de los tres meses de gracia reiniciemos el pago de capital; sin embargo no nos es viable, dado que seguimos sin trabajo”, destaca y señala que los compromisos tienen que ver con el pago de esquemas de arrendamiento financiero, puro o crédito directo para la adquisición de activos.
La dimensión de este tipo de problemas varía por empresa, sobre todo al considerar que todas tienen el interés de contar con un parque vehicular nuevo para cumplir con los requerimientos de calidad y seguridad que establece la ley y exigen los clientes.
Por ello es que mientras hay vehículos que están por concluir su periodo de financiamiento, otras apenas lo iniciaron. Se pudiera considerar que a la fecha, 40% de la flota de las empresas se encuentra en tal condición, lo que amenaza su continuidad.
“Muchas de las compañías que representamos se encuentran en situación muy crítica”, afirma, en razón de lo cual deberán desincorporar instalaciones y equipo para mantenerse activas, haciéndose más chicas, pero siempre cumpliendo con el decálogo de protocolos emitidos por la ANTT, a través de la “Estrategia para las prácticas de higiene, desinfección y seguridad para el transporte terrestre exclusivo de turismo”, para garantizar al máximo la salud de los usuarios de los servicios que se ofrecen.
El directivo considera que la agrupación ha expuesto la problemáticas del sector ha sido expuesta y escuchada por diferentes entidades estatales y federales ligadas a esta rama de la economía; sin embargo, pese al ofrecimiento de promover algunas actividades, “eso no se ha hecho, así como tampoco ha habido ningún apoyo ni respuesta a solicitudes como incentivos o prórrogas fiscales, condiciones especiales momentáneas para el uso de autopistas, ni siquiera para la difusión de los servicios que ofrecen las empresas”.
Se ofrecieron apoyos federales de seis mil pesos o en algunos estados por 25 mil, así como créditos de hasta 2.5 millones de pesos, por conducto de la banca de primer piso; sin embargo los requisitos y condiciones establecidos para obtenerlos –incluida la tasa de interés real–, los hacen poco atractivos.
Lo anterior en un entorno donde se necesitan recursos económicos para pagar la nómina y también para dar mantenimiento a los vehículos y a las instalaciones de cada empresa (en proporción 60%–40%); porque si bien estos no son utilizados, tienen que estar en operación momentáneamente para que sus mecanismos y sistemas no se deterioren, al tiempo que no varía el pago al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS y otras aportaciones fijas como luz, teléfono, etc.
Si bien la asociación no ha recabado el nivel de contribución fiscal que realizan sus afiliadas, debe ser algo significativo, en razón del nivel de operación que venían registrado, el personal que ocupan, la compra de combustible y otros insumos complementarios para que los vehículos transiten como pago de peaje, compra de lubricantes, llantas, refacciones, etc.
Rubén Domínguez plantea la urgencia para que se permita reactivar la economía, pero sin descuidar las condiciones de seguridad y salud de la sociedad; sobre todo por parte de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, que deben hacer cumplir de manera más determinante los protocolos por parte de los ciudadanos, con la finalidad de contrarrestar el nivel de contagios.
“Solo así podremos reactivar la cadena económica del país; de otra manera seguirá siendo más afectada y generará mayor inestabilidad”, advierte.
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