Aprueban registro y circulación de vehículos usados importados en Baja California Norte Redacción Auto Motores

La implementación «de las acciones necesarias para lograr la plena identificación, ubicación y relación con el propietario de los vehículos automotores de procedencia extranjera que se encuentren dentro del Estado, complementando y fortaleciendo la función de control vehicular», fue aprobada por la vigésima tercera Legislatura de Baja California.

Lo anterior, tras acreditar el dictamen 32 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que contiene la iniciativa de creación de la Ley de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación de Baja California, propuesta por el gobernador estatal, Jaime Bonilla Valdez, el 30 de diciembre del 2019.

Dicha Ley, también implica la creación del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación, como un organismo público, descentralizado del gobierno, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el debido cumplimiento de su objeto y atribuciones.

El Instituto de Identidad Vehicular, será el encargado de realizar el Censo de Identidad Vehicular  para registrar vehículos usados importados (incluyendo automóviles, motocicletas, camiones, autobuses y remolques), así como a los propietarios y conductores.

Dicho censo, tendrá un costo de por lo menos mil pesos por cada unidad de procedencia extranjera y las personas físicas interesadas, presentarán documentos que acrediten legalmente su propiedad, así como licencia estatal de conducir vigente.

Por otra parte, las personas morales mostrarán el vehículo para su identificación, así como un comprobante de domicilio, además de copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, identificación oficial del representante legal y documentación en la que conste la personalidad jurídica del compareciente.

Se informó que «en ningún caso, el Censo de Identificación Vehicular, los documentos o procesos que lo amparen, constituyen un instrumento oficial con el que se acredite la legal estancia del vehículo dentro del territorio de Baja California ni mucho menos su importación o regularización, pues ello corresponde a las leyes federales de la materia”.

Multa y prisión, a quien expida documentos a usados importados

El congreso local, también avaló la reforma y adición al artículo 250 Quater del Código Penal del Estado, con lo que se aplicará multa de quinientas a dos mil veces el equivalente a la Unidad de Medida de Actualización y prisión de 3 a 9 años «a la persona que sin contar con la autorización de la autoridad pública competente, promueva o expida cualquier tipo de documentos, insignias, engomados, láminas o cartones de identificación vehicular, con la promesa o convicción para quien los recibe, que con ellos podrá circular en vehículos de motor que no cuenten con documentos que acrediten su estancia y circulación legal en el territorio del Estado».

Al catalogarlo como un delito, si lo anterior sucede al amparo de empresas, organizaciones o personas morales, «las mismas serán penalmente responsables conforme al procedimiento para personas jurídicas previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Al llamado a respetar el Estado de Derecho en México, promovido por las Asociaciones Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA; de la Industria Automotriz, AMIA; Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, ANPACT e Industria Nacional de Autopartes, INA, se sumó la Confederación Patronal Mexicana, COPARMEX de Mexicali, en razón de que la regularización a nivel nacional de vehículos usados importados, fue rechazada por el Senado de la República en noviembre del año pasado.

 

FOTO SLIDER: En marzo de 2019 se llevó a cabo en Mexicali, el Diagnóstico para la identidad vehicular en Baja California, mismo que consistió en un censo de unidades usadas importadas, que finalizó el 31 de mayo de ese año y por el que los participantes, obtuvieron un engomado. Tuvo como objetivo, establecer acciones preventivas para disminuir el uso de dichos vehículos en la comisión de delitos y teóricamente, se proporcionaría al actual gobierno federal, información referente para que las instancias competentes, determinaran acciones a seguir. Imagen: blancoynegro.mx.

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