Rechaza AMDA nueva regularización de vehículos ilegales Redacción Auto Motores

Como reacción a las declaraciones hechas por el 27 de junio en Baja California por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que en breve dará respuesta a la demanda de regularizar vehículos viejos adquiridos en Estados Unidos que transitan en el estado fronterizo, argumentando que ello “va a ayudar porque muchos delitos se cometen en automotores que no están regularizados y no se sabe quiénes son sus dueños”, por lo que considera apropiado registrarlos, la directiva de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, plantea solicitud de audiencia con el jefe del Ejecutivo, con la finalidad de exponer el error que se cometería al proceder de esa manera.

Los dirigentes del organismo cúpula pretenden dar a conocer al mandatario, las repercusiones que ha traído consigo en otras gestiones, la regularización de vehículos ilegales.

En documento dirigido al mandatario, refieren que la introducción y comercialización de vehículos usados provenientes de Estados Unidos y que no cumplen las formalidades del procedimiento aduanero, es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, tal como lo acredita la existencia de 19 procesos de regularización en el periodo comprendido de 1979 a 2011.

Importación de vehículos usados

Se precisa que esta condición es factible en apego al Decreto por el que se modifica y prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación , DOF, el 24 de diciembre de 2020, mismo que suscribió el propio López Obrador.

Por ello se resalta que la introducción al país y posterior comercialización de vehículos ilegales –que además gran parte de ellos están clasificados como ”salvage” por las compañías aseguradoras que operan en la Unión Americana– es delito, más aún cuando con frecuencia son utilizados para cometer ilícitos de diversa índole.

La institución del sector recuerda que la importación es permitida cuando se cubren los requisitos previstos por la Ley.

La representación del sector comercializador de vehículos en México, reitera que la práctica planteada por López Obrador, ocasiona graves problemas al mercado interno, en tanto que distorsiona el modelo de negocio formal que sigue la industria terminal y su cadena de comercialización –las distribuidoras de marca–, lo mismo que afecta a los propietarios de automotores formalmente adquiridos en el país, quienes cumplen con sus respectivas obligaciones fiscales y no obstante ello ven que su unidad se deprecia adicionalmente por la llegada de unidades usadas.

Por ello insiste en que los automotores catalogados como pérdida total o chatarra, no deben seguir siendo introducidos al país por elemental seguridad y conveniencia económica, ya que cada vehículo viejo que se importa representa salida neta de divisas y la llegada de automotores que en poco tiempo serán obsoletos y por tanto se convertirán en chatarra.

Ante tal condición, la agrupación insiste en la importancia de que exista un Registro Público Vehicular eficiente y moderno, porque la legalización del contrabando vehicular sólo exacerba el fenómeno, mismo que se puede contener mediante el cumplimiento de las leyes vigentes.

Explican que en otras administraciones se ha presentado el mismo argumento por parte de gobiernos y agrupaciones estatales, por lo que consideran previsible suceda nuevamente ante el ofrecimiento de condiciones laxas en comparación con las contempladas en el Decreto referido y las Reglas Generales de Comercio Exterior que lo complementan, donde se fundamenta que el Estado Mexicano está interesado en que no se afecte la economía nacional con la introducción indiscriminada de vehículos que realicen personas físicas o morales que no cumplan con los requisitos o condiciones establecidos por el Ejecutivo Federal.

En razón de lo anterior, la representación de la AMDA insiste en la audiencia con López Obrador y en su caso se deje sin efecto la regularización de vehículos ilegales, ya que de otra manera se afectarían las normas medioambientales en pro de la eficiencia energética y la seguridad vial.

 

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