Exponen AMAM, WRI, ANPACT y AMTM, importancia de incentivos al transporte público Miguel Ángel Silva Mendez
La necesidad y la urgencia de crear un programa de apoyos financieros al transporte público, fue reiterada por el presidente de la Asocación Mexicana de Autoridades de Movilidad, AMAM, Alejandro López Franco, en la reunión convocada para analizar los “Impactos del COVID–19 y las prioridades para la recuperación del transporte público en México”.
De manera conjunta con los titulares de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, ANPACT, Miguel Heberto Elizalde Lizárraga; del World Resources Institute México, WRI México, Adriana Lobo de Almeida, directora ejecutiva y de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, AMTM, Nicolás Rosales Pallares, el representante de la AMAM planteó total disposición de los integrantes del sector en la aportación de conocimientos técnicos y experiencia para construir en torno a los requerimientos de la sociedad e invitó a los representantes del gobierno federal a sumarse a este esfuerzo.
En el foro, además de analizar la problemática descrita, se dieron a conocer las acciones y las prioridades que las autoridades de cada una de las 27 entidades estatales integradas a la AMAM, identifican para contribuir a la recuperación del sector y a fortalecer el derecho a la movilidad.
También se expusieron aspectos precisos que caracterizan al sector:
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Se persiste en el objetivo, planteado desde 2018, de establecer una política nacional de movilidad que permita fortalecer la institucionalidad, definir competencias, establecer estrategias, asignar recursos y considerar esquemas de financiamiento, de una manera coordinada y corresponsable.
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Estructurar mecanismos de financiamiento que permitan acelerar la transformación del transporte público como articulador del sistema de movilidad.
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El transporte público es utilizado por 40% de los mexicanos, lo que representa 50 millones de personas que todos los días se trasladan en alguna modalidad vial.
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El sector del transporte de personas representa 160,000 empleos directos, principalmente conductores.
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La actividad se integra por pequeños y medianos empresarios, así como por cooperativas, las cuales representan 75% de la relevancia sectorial.
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El transporte público es esencial para el funcionamiento de las ciudades, ya que permite a las personas tener acceso a bienes y servicios.
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Permite el desplazamiento de las personas a cualquier lugar.
No obstante lo anterior, el dirigente de la AMTM indicó que el servicio de transportación de personas en México es deficiente y en constante deterioro, resultado del abandono, lo cual es más evidente en comunidades marginadas, sobre todo por la falta de coordinación e integración por parte de los tres niveles de gobierno, que además, no contribuyen a la sustentabilidad financiera.
El anterior problema se agudiza a partir de la llegada de COVID–19 al país que derivó en crisis financiera estimada para el sector en 19,500 millones de pesos.
En torno a ello, se destacaron tres aspectos medulares que enfrenta la actividad:
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Calidad de cobertura de servicio para los usuarios.
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Empresas operadoras y sistemas en quiebra, en torno a lo cual se encuentran en riesgo miles de empleos vinculados de manera directa al transporte urbano y suburbano.
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Retroceso en el proceso de modernización del transporte, donde 75% de las empresas operadoras del servicio se estructuran como personas físicas pequeñas y medianas empresas operativas que son sensibles a la disminución de ingresos, en tanto que tienen que enfrentar los compromisos de pago de capital de los financiamientos que suscriben, los cuales representan 20% de los costos totales.
Adicional a lo anterior, es que el parque vehicular de pesados se hace obsoleto y envejece, incrementa su nivel de emisiones contaminantes, al tiempo que degrada las condiciones de viaje y los problemas de seguridad vial.
Se precisó que los avances que se tenían en diferentes sistemas de transporte público colectivo, se encuentran en riesgo de perderse.
En el periodo, se destinaron recursos en procesos de sanitización para evitar la propagación del virus, lo que derivó en ajustes para evitar desequilibrio entre los costos de operación, la falta ingreso, la prestación del servicio y las necesidades de movilidad de los ciudadanos.
En razón de lo anterior, 75% de los estados que integran la AMAM, está preocupados por la solvencia de los pagos por operación, sobre todo al considerar que en 35% de los casos se generaron suspensiones por parte de operadores, con el impacto que ello representa para los usuarios.
El transporte público no es el problema, en todo caso, es el síntoma de otras consecuencias relacionadas con el desarrollo urbano o modelos económicos de operación del transporte público.
Se indicó que de 2020 a la fecha, la demanda de transportación pública descendió 30%, en tanto que los ingresos de los operadores decrecieron 40%.
Al ser considerada la movilidad como derecho constitucional, se debe recuperar el transporte público e impulsar la construcción de una política pública en movilidad, creando por ejemplo programas de incentivos fiscales, particularmente para los sistemas integrados.
Planteó con ello que para la asignación de subsidios a las políticas de movilidad urbana sustentable, estas se encuentren enfocadas a mejorar la calidad, cobertura y seguridad del sistema de movilidad, revisar y fortalecer los lineamientos vigentes del programa con base en los principios de movilidad urbana sustentable y favoreciendo el otorgamiento de créditos asequibles a las ciudades y empresas de transporte público.
Como parte de la problemática, Diego Monraz Villaseñor, secretario del transporte del gobierno del estado de Jalisco, destacó que las comunidades más pobres, son las que pagan más caro la ineficiencia del transporte público, ante lo cual exigió la creación de una política pública nacional con fondos, presupuestos y reglas de operación.
Se precisó que el trabajo realizado trabajo en materia de diagnóstico, construcción de estrategias y propuestas específicas, se ha hecho en vinculación con los gobiernos estatales representados en la AMAM, a efecto de plantear una propuesta de alcance nacional.
Se requiere inversión en la recuperación del transporte
Dijeron que los gobiernos deben contribuir a encontrar soluciones que eviten el incremento en las tarifas del transporte público y colateralmente encontrar alternativas y fuentes de financiamiento que permitan la sostenibilidad de los concesionarios del servicio, a lo cual, convocaron a las autoridades federales a construir en este aspecto, sobre todo en lo referente al manejo opciones en torno al Impuesto al Valor Agregado, IVA y en lo referente al Impuesto Sobre la Renta, ISR.
Lo anterior en el entendido que no se trata solo de recuperar la liquidez de los sistemas, sino que se requiere una inversión en la recuperación estructural de la operación y servicio al sistema.
Lo anterior, porque se requieren alrededor de 323,000 millones de pesos de inversión en infraestructura (carriles confinados), renovación de flota con autobuses que integren tecnologías que inhiban la emisión de contaminantes, etcétera, en la perspectiva de implementar sistemas integrados efectivos y plenamente sustentables.
Se indicó que en cuanto a transporte público, siempre se requieren inversiones por parte del Estado en todos los ámbitos, incluida la seguridad vial, lo que debe priorizarse por encima de recortes presupuestales, sobre todo al considerar que la sociedad canaliza entre 20 y 30% de su ingreso en transportación.
Opciones para mejorar el transporte público
Adriana Lobo de Almeida, directora ejecutiva del World Resources Institute México, WRI México, insistió en restringir el uso del automóvil particular como se ha hecho en otras ciudades, sobre todo imponiendo cargas tributarias cuyo monto recaudado se canalice a mejorar el transporte público.
Miguel Heberto Elizalde Lizárraga, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, ANPACT, señaló que el sector presenta oportunidades como lo es la electromovilidad, concepto que, aseguró, se aprovecha en el estado de Jalisco.
Refirió también lo que lleva a cabo Volvo Buses en la Ciudad de México, donde tiene a prueba, en las Líneas 4 y 7 del Metrobús, un autobús configurado con tren motriz 100% eléctrico.
No obstante, insistió en que debe haber incentivos por parte del gobierno, considerando que no todo puede basarse en el ajuste al alza de las tarifas del transporte.
Con base en ello, el dirigente reiteró su llamado a la acción coordinada y al diálogo con la autoridad federal, estatal y municipal vinculada con el sector, así como con los legisladores y transportistas, a efecto de encontrar soluciones que deriven en la mejora del servicio y calidad del transporte, en beneficio de la seguridad vial y del medio ambiente.
SLIDER-Línea superior: Alejandro López Franco, presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, AMAM; Miguel Heberto Elizalde Lizárraga, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, ANPACT y Angélica María Vesga Rodríguez, secretaria técnica del World Resources Institute México, WRI México. Segunda línea: Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, AMTM; Dario Cardona Sosa, gerente de proyecto de SIMUS y Adriana Lobo de Almeida, directora ejecutiva del World Resources Institute México, WRI México. Tercera franja: Fernando Páez, director de Movilidad Urbana en el World Resources Institute México, WRI México; Eleonora Pazos, directora de la União Internacional de Transporte Público, UITP–División América Latina y Diego Monraz Villaseñor, secretario dl transporte del gobierno del estado de Jalisco.
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